Una investigación basada en datos presupuestarios evidencia reducciones significativas en políticas alimentarias para la niñez en Argentina

por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)

En febrero de 2019, ACIJ Argentina en conjunto con la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal convocaron a un ExploraDatos por el día internacional de los datos abiertos. Allí se reunieron un conjunto de organizaciones y activistas con el fin de analizar los datos del presupuesto argentino y visibilizar su impacto en la desigualdad.

El trabajo se realizó en equipos y uno de los grupos encontró que el programa de Atención a la Madre y al Niño de la Secretaría de Salud bajaba casi a la mitad la entrega de leche en polvo fortificada a niñas y niños de entre cero y dos años en el periodo 2014-2018, y que se habían sub-ejecutado los kilos de leche previstas para entregar, afectando a miles de niñas y niños.

Se trata de un programa que se orienta a lograr que todas las niñas y niños del país puedan alcanzar un estado de salud integral y su impacto es mayor en niñas y niños en situación de pobreza. A partir de ese hallazgo, la periodista que junto a su grupo descubrió esa información en el ExploraDatos, inició una investigación con otras/os periodistas, para conocer los motivos de la reducción.

Fue necesario realizar múltiples pedidos de acceso a la información pública y entrevistas para conocer los motivos: demoras en las licitaciones, falta de coordinación con las provincias, problemas de gestión con las empresas proveedoras, entre otros. La investigación también evidenció que hubo provincias más perjudicadas que otras por los desvíos; por ejemplo, la provincia de Chaco, una de las que más se empobreció en 2018, con el 41% de su población debajo de la línea de la pobreza, recibió un 30% menos de la leche prevista.

El 63,4% de la niñas, niños y adolescentes en Argentina ven vulnerado el ejercicio de al menos uno de sus derechos. Esto significa que están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, no acceden a la educación en condiciones de igualdad, y/o padecen escasos o malos niveles de atención sanitaria. En este contexto, se vuelve fundamental que el Estado priorice la efectividad del gasto social en políticas destinadas a garantizar el derecho a la salud y a la alimentación de niñas y niños, siendo inadmisibles sub-ejecuciones de los recursos disponibles.

La investigación también evidencia la importancia de contar con información clara, desagregada y accesible para monitorear las políticas públicas destinadas a garantizar derechos, y de que el Estado justifique mejor y explicite los motivos de los desvíos presupuestarios.

Esta situación se replica en otros países de la región como Uruguay, El Salvador, Perú, Colombia, Mexico y Guatemala. Para más información puede consultarse la investigación regional «La leche prometida», liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA).